Este lunes comenzaba el paro patronal e indefinido de transportistas organizado por la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías. Con esta protesta se pretende denunciar la grave situación que atraviesa el sector en cuanto a condiciones laborales y el alza de los precios de los combustibles, disparados ahora por la guerra en Ucrania.

El presidente de la Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón (Tradime), lo manifestaba con estas palabras: "Antes de arruinarse, la gente prefiere parar". 

Aunque a la misma hora y el mismo día también se inició una protesta nacional organizada por la Plataforma para la Defensa del Transporte por Carretera, una entidad minoritaria y sin representación en el órgano de diálogo del sector con la administración ( CNTC). 

Ambos paros no cuentan con el apoyo de las patronales que representan a las pequeñas y medianas empresas y a los grandes operadores del sector (Comité Nacional del Transporte por Carretera o CNTC, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España: Fenadismer y la Confederación Española de Transporte de Mercancías o CETM). Todas ellas han negado su adhesión a esta huelga indefinida por considerar que no era el momento más apropiado para ello, y que con ello se conseguiría  desestabilizar aún más la complicada situación por la que atraviesa el sector.

Sin embargo, las patronales sí que han exigido al Gobierno que actúe para paliar esta situación descontrolada de subidas del precio de carburantes.

La entidad organizadora envió una lista de reivindicaciones a diferentes ministerios (como el de Transportes al de Trabajo y Economía Social) entre los que cabe destacar:

• La prohibición en la contratación de los servicios de transporte por debajo de los costes de explotación
• La de la carga y descarga por parte de los conductores y autónomos que realicen la conducción de sus vehículos, con entrada en vigor de manera inmediata.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, apeló ayer a la “calma y la serenidad” ante el paro de los transportistas de mercancías, y aseguró que por el momento no estaba teniendo “demasiada incidencia”. 

Sin embargo, el Gobierno está abierto a “revisar a la baja la fiscalidad” de los productos más afectados por las elevadas tasas de inflación, entre ellos los carburantes, como parte del paquete de medidas que prepara para hacer frente al impacto económico de la guerra en Ucrania. Así lo avanzó ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien no entró en detalles y transmitió el propósito del Gobierno para consensuarlo en primer lugar con agentes sociales y formaciones políticas. “Vamos a estudiar un paquete de medidas, algunas de ellas pasarán por revisar a la baja la fiscalidad de algunos sectores o productos que estén claramente impactados por el incremento de la inflación (...) Con eso avanzo bastante respecto a la actitud del Gobierno”, indicó ayer Maria Jesús Montero.